Comarca de Gordón

Yosco · Publicado: Dom Dic 30, 2018 1:42 pm **T�tulo del mensaje**:

Siempre claro, sensato y acertadas, tanto el análisis como las opiniones sobre la actualidad de España, la patria que te duele y nos duele a muchos. Gracias por tus palabras, Villarín.
Salud.
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Bitácora LUCERNARIOS:
Acerca de la luz por la poesía.
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Bitácora ÍnsuLa CerBantaria

Villarín · Registrado: 13 Abr 2007 Mensajes: 512

Amigo Yosco, feliz año, y agradezco tu juicio y amables palabras.

Mi deseo, para España, que da cobijo a todos, es una vida perdurable, sin zozobra; quisiera que hubiera un patriotismo sin pose, sereno, mesurado, culto, anclado en la realidad de una democracia de Estado de Derecho; una democracia regida por los valores constitucionales, que ha de ser conservada, vivificada, vigorizada; y, donde el enfrentamiento político en cualquier cosa, la más de las veces, sea reemplazado por la cooperación activa, por vías de entendimiento, más fértil para la convivencia y el progreso de los ciudadanos españoles, además de restar tensión y crispación. Y, desde luego, rechazo las agresiones al orden jurídico, de los selváticos inclinados a la disgregación, que quieren separar, con desgarro, lo unido por siglos de historia. Juntos, los españoles, despejemos el horizonte de España.

Con la mayor simpatía, un cordialísimo abrazo.

Yosco · Publicado: Sab Ene 05, 2019 10:08 pm **T�tulo del mensaje**:

Villarín · Registrado: 13 Abr 2007 Mensajes: 512

Helos ahí...

En España es un lugar común, un cliché antiguo, que, en Cataluña, sus nativos son serios y formales, hombres de medida y sentido, documentados y responsables, y en general seguro que será así; resulta, sin embargo, que aquellos que se autodefinen solo como de identidad estrictamente catalana, los catalanistas secesionistas, en política, se han venido manifestando precisamente en sentido contrario, a saber, virtuosos en insensateces y pródigos en desdén a las leyes, que han banalizado. Para no amontonar ejemplos: sirvan los hechos desleales de 1931, 1934, 2017.

Causa de este desprecio al orden jurídico, es que, hoy, 12 de febrero de 2019, algunos de los figurones separatistas catalanes, de estimación propia y desprecio ajeno, que se creían por encima de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del Estado de Derecho, les llegó la hora de responder de su conducta ante la justicia, a la vista del Código penal y de los comportamientos de los que vienen acusados; y helos ahí, en el Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, para ser juzgados no por sus ideas separatistas y sus aspiraciones ideológico-políticas como con monótono anhelo de engaño y desgaste degenerante predican los imputados y sus corifeos de lazo amarillo, sino por su contumaz falta de respeto al derecho y la inatención a las resoluciones vinculantes del Tribunal Constitucional, y, lo que es tan grave, aprovechando sus cargos públicos en la Generalidad o en el Parlamento autonómico para, en último término, rebelarse contra el Estado español y pretender mutilar a España por dentro, que eso fue la DUI.

Estos secesionistas de impulsión arrebatada, de oídos cerrados, de ceguera absoluta, de inercia deprimente, de errado derrotero, que están en el banquillo de los acusados, no han querido considerar a tiempo, pese a los avisos, que sus pretensiones políticas últimas tienen algo que ver con la ley constitucional española y con los derechos de los demás ciudadanos, y luego de las oportunas advertencias, desoídas, han seguido su camino, a su propia manera, chocando con parte principal del orden jurídico vigente y, por ello, como era de esperar, en el momento actual les toca enfrentarse a sus arbitrariedades y demasías, y a lo que a esto es consiguiente.

A más, sin que hayan conseguido ni todo ni nada de lo que querían, en su estado de lucha contra España y su Estado de Derecho. Han de darse cuenta estos gobernantes autonómicos, que mucho mejor le irá a Cataluña no ir contra España, no hacer rancho aparte, no vivir con espíritu de tribu y bandería, y proseguir conviviendo con su rica personalidad colectiva dentro de la diversidad de la nación española y en solidaridad espiritual con el conjunto de los pueblos españoles, con los que históricamente está engarzada y hermanada. Cordura inteligente, sin estridencias, es lo que se precisa. Y no iniciativas ilegales y tremendistas. Ciertos catalanes han utilizado el autonomismo, el autogobierno, para con deslealtad sembrar el separatismo. El separatismo, por la fuerza, no es una respuesta adecuada a la situación de la España constitucional, democrática, autonómica y sin ausencia de libertad en la que vivimos.

El Estado de Derecho es aquel Estado en que, en su forma de organización política de la convivencia social, no solo los ciudadanos están sometidos al derecho, sino también los poderes públicos están regulados y los actos de poder controlados (principio de limitación y control del poder), con vinculación y sometimiento al derecho de todas sus instituciones y órganos (incluso, claro está, al derecho por él constituido, que, en este tiempo, normativamente, prácticamente es todo el derecho), de manera que aquellos a quienes eventualmente la soberanía del pueblo confía el ejercicio del poder político del Estado, “no lo usen de un modo distinto al sentido que impone el Derecho”. En suma, gobernar solo por la ley, según los poderes pautados por el derecho y con protección de los derechos individuales.

Nuestro Estado es de derecho. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho (art.1.1 CE). El Estado de Derecho, implica, en esencia, separación de los poderes del Estado, imperio de la Ley como expresión de la soberanía popular, sujeción de todos los poderes del Estado a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y garantía procesal efectiva de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

Entre las funciones básicas del derecho está establecer un orden social con validez jurídica. El orden es una necesidad de toda sociedad civilizada y mínimamente organizada. La convivencia social sin un orden no sería posible, de ahí que sea “exigencia social compartida” su ordenación por el derecho, que legitima el orden y le otorga fuerza vinculante y eficaz coacción para obligar a su cumplimiento y respeto. El derecho persigue la paz social y jurídica, la concordia, y se constituye para hacer posible la convivencia. No se puede concebir una sociedad sin derecho, pues ello nos llevaría a la anarquía y al caos, a un mundo sin linderos, amenazado en toda hora, sin reglas del juego, sin horizonte. Es por esto que hay que corregir y sancionar las burlas separatistas al Estado de Derecho, para la mejor convivencia colectiva. Los jueces deben ser siempre una garantía y un freno a los abusos del poder, lo que es fundamental en un Estado de Derecho. A la hora de hoy, en este juicio, esa es precisamente la misión del Tribunal Supremo de España, administrar justicia, aplicando la ley. Es inimaginable otra cosa.

A estos reos se les va a juzgar por personadas versada en derecho, confrontando su comportamiento con lo preceptuado en determinados tipos del Código penal. Ante esa instancia suprema, a los acusados, en apoyo de sus tesis y en defensa de sus derechos, ya no les valdrá su calenturiento irracionalismo, ni la habitual excitación emocional, la deformación de los hechos, la flagrante impertinencia, los actos de fuerza, las vías de hecho, sus engendros seudohistóricos, el rosario propagandístico, contraponer Cataluña a España, ni los estribillos consabidos de agravios e injurias; tampoco atrincherarse en el intimidante clamoreo callejero, ni la amenazante bravuconería de los politicastros les servirán de nada. Y de ningún modo, menos aún, lo que digan los grandes órganos de comunicación nacionalista, o los periodistas de Paris, Roma, Londres, Berlín o Nueva York, que ni siquiera tienen una idea superficial de nuestras instituciones y nuestra historia común.

Y es que la justicia no es una cuestión de opinión pública, aun instruida, sino de legalidad. No se juzga por lo que piense la opinión pública, sino con arreglo a las leyes. La justicia no puede ceder a la presión de la opinión pública. La calidad del Estado de Derecho, en España, en libertad, calidad democrática y garantía de derechos, es de innegable categoría. Indubitadamente los acusados tendrán un juicio justo. Se los juzgará imparcialmente y tendrán una sentencia jurídicamente irreprochable, como fueron las anteriores resoluciones constitucionales y otras atinentes al caso.

Sé muy bien, sin embargo, que los malcarados del movimiento nacionalista-catalán, con su hostilidad cerrada, insultarán hasta la saciedad: anticatalanes, unionistas represores, fascistas, etc. No nos han de preocupar las voces de los que con sus separatismos quieren destruir España. Vistos los acontecimientos, nótese que, sin el freno del Tribunal constitucional y la efectiva actuación judicial, los separatistas hubiesen tumbado la democracia española.

En España, al contrario de los que acaece en otros países occidentales (v. gr., Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Portugal…), que se preservan constitucionalmente con rigor prohibitivo frente al separatismo, la opción política separatista es legítima y legal, siempre que sus partidarios respeten las leyes y no se intente imponer la secesión por la fuerza, orillando el derecho. Dicho de otra manera, la secesión, como pretensión, cabe en nuestras libertades políticas, con dos condiciones legales, como son, que se respeten las vías de reforma constitucional establecidas y que la decisión se someta a referéndum de ratificación por el pueblo español.

En este sentido (al margen de los graves hechos sucedidos en septiembre y octubre de 2017, presuntamente constitutivos de infracción penal y que serán objeto del juicio), es evidente que los separatistas han superado con notorio exceso lo dispuesto en la Constitución de 1978, mediante leyes patentemente inconstitucionales, como la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada del referéndum de autodeterminación, declarada inconstitucional y nula por la STC 114/2017, de 17 de octubre (Pleno); y la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, denominada de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, igualmente declarada inconstitucional y nula por la sentencia del TC 124/2017, de 8 de noviembre (Pleno).

Somos palabras y silencio; lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho; todo nos retrata. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado; el pueblo de Cataluña no es titular de un poder soberano, que es exclusivo de la nación española constituida en Estado, ni tampoco los ciudadanos residentes en aquella Comunidad pueden confundirse con el pueblo soberano español. A veces pareciera que los marrulleros que se saltan la Constitución y cercan la democracia representativa sean las víctimas y los verdugos los defensores del Estado de Derecho.

Y si como es previsible, se dictare sentencia condenatoria, es razonable esperar que no se caiga en la politiquería, ni se acuda de inmediato al laxo procedimiento del indulto. Es muy perjudicial para la función preventiva general de la pena, que la pena de un delito grave sea indultada. El indulto y el tercer grado penitenciario es, en muchos casos, un vaciado de la pena, una provocación, o sencillamente, impunidad. En el caso, de darse, sería la justicia sin justicia. Los hechos específicos que se juzgan son muy graves y, no puede ser, de fallarse condena, que al cabo todo quede como si tal cosa, por uso del indulto. Y si así fuera, no lo justificaría ni siquiera una buena explicación, poniendo la mira en la igualdad de trato con otros penados.

En el nacionalismo oigo los mismos discursos de ayer, de anteayer y de siempre; en síntesis, quieren empujar a España al precipicio. Encalmar a los separatistas es imposible, siempre seguirán descontentos y exagerando y multiplicando los prejuicios y el victimismo. No les interesa el proyecto común; llevan en el espíritu un incurable virus antiespañol, dañino para todos. Mal camino es esa afición del nacionalismo catalán de negarse a mirar a España en su conjunto, afirmando que España no existe y que solo es un Estado, el Estado español; o creyendo en su existencia, por algunos más realistas, disparatando que España es el enemigo que oprime y explota a Cataluña; esa visión arrogante o resentida, es cerrar el paso a toda solución de armonía, pues lo exagerado no beneficia el entendimiento.

España no es facha, sino un país liberal y con verdadera democracia; en él, las culturas y tradiciones, las lenguas e instituciones de sus diversos pueblos están reconocidas, amparadas y protegidas. Identidad no es igual a separatismo; hay partes de España (y de otras naciones europeas), con fuerte personalidad sin desarrollar secesionismo. La fórmula política de convivencia que permite inteligentemente hacer fecunda la diversidad española en la unidad de España es la Constitución española.

En el conjunto de España no hay oposición a Cataluña, sí al nacionalismo catalán que sobrepasa la Constitución y daña la convivencia. Cataluña es España y España es una realidad indiscutible. Frente a los secesionistas, respetando a las personas y sus derechos ciudadanos, defendamos la España democrática y constitucional, que es nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes. No hay en España problema más grave que el de la unidad, por ello, me importa repetir que, por encima de todas nuestras discrepancias políticas, sin flaquezas, debe ponerse siempre a España.

La rebullida nacionalista, de lastimeros alaridos, con su novelería y propaganda, adoctrinamiento y manipulación, es decir, hiperactivo adiestramiento y ofensiva a fondo contra España, no necesita justificaciones externas para ser lo que es y conocemos.

Aquí lo dejo; sigo con el interrumpido hilo de mi actividad.

Villarín · Registrado: 13 Abr 2007 Mensajes: 512

Indisculpable dolo…

En la política española, el término medio de justicia de la “cuestión catalana”, es el autogobierno estatutario, dentro de la Constitución; ésta es el punto de referencia y el terreno común de entendimiento, cuando hay en la práctica incompatibilidad de fines. A mi juicio, en la España actual, de libertades y autogobierno de sus pueblos, las quejas de los nacionalistas no son justas y respetuosas con la democracia liberal y representativa, ni con el orden jurídico constitucional. La democracia, sin control legal, no es una institución constitucional.

Para un espíritu recto, propio de personas honradas, la insurrección catalana, de los facciosos separatistas, es un indisculpable dolo del que hablan los acontecimientos como un libro abierto, y que esperemos no vuelvan a reproducir, porque se tomen los remedios a tiempo por la España constitucional, tolerante, democrática y pacífica, antes de que aquéllos lleguen nuevamente a la sinrazón; aunque bien sé que nada es jamás el final de historia alguna, estoy en la creencia de que el relato determinista de la secesión de Cataluña, el paraíso inevitable, nunca se logrará, al menos no, mientras la España universal, que ensanchó el planeta, serena persevere en sí y siga siendo un Estado social y democrático de Derecho, como hasta ahora.

Los pueblos de España están estrechamente emparentados, por sus valores afines, intrínsecos a nuestra sociedad, sin que empecen las diferenciaciones lingüísticas y culturales regionales para vivir juntos en paz y armonía, pues todos los españoles estamos entreverados también por una cultura e historia común, de muchos siglos, que, para las personas de buena fe, hace posible, vínculos de fraternidad y de comprensión mutua, sin complicaciones del corazón. Considero que se puede ser profundamente catalán o vasco o gallego o leonés sin dejar de ser español. Tengo el sentimiento adquirido de que cada pulgada del suelo de todos nuestros pueblos, son mi patria, por eso, siempre digo que me alegran mucho las cosas que unen a los españoles y me entristecen las que los separan.

La democracia española respeta las peculiaridades de los diferentes pueblos de España. A partir de la Constitución de 1978 hubo una transformación radical y profunda del marco institucional español, con una nueva ordenación territorial del poder político, con instituciones políticas autónomas, que no puede desconocerse. ¿Entre qué gentes estamos, que ignoran esta verdad empírica? Hoy como ayer, empero, los nacionalistas más cerriles, no lo sienten así, siguen con el cuento de la hostilidad centralista, del sometimiento político y cultural, que les impediría desarrollar plenamente su cultura autóctona, de la colonización lingüística, con el castellano como lengua extraña o, en el campo socioeconómico-fiscal, el añejo relato de que España les roba, que presentan como prepotencia hacendística del poder central del Estado.

Todavía hoy, en verdad, así es cómo algunas de esas gentes se ven a sí mismas en relación con España. No voy a detenerme a examinar estas opiniones, carentes de sentido, pues la respuesta adecuada y, a mi juicio, convincente, que el lector atento vislumbra, está en ver las muy amplias competencias que tiene la Autonomía catalana, en la evidente normalización del catalán, como lengua vehicular y docente, y en la incontestable prosperidad de la burguesía industrial, comercial y financiera allí existente, acaso demasiado avara y, por este motivo, demagógicamente, una parte poderosa de la sociedad, el Gobierno de la Generalidad y los partidos independentistas, han buscado excusas para escaparse, pues les molesta la solidaridad interregional en España, que ellos llaman expolio fiscal. Quienes son partidarios de la secesión lo ven de este modo, y ese ahorro en solidaridad, los llevaría a ellos al paraíso de la República de Cataluña. Y, en esta ola de separatismo, por supuesto, la identidad está por encima de la igualdad de todos los españoles, que no les gustan mucho, al fin y al cabo.

Aunque sus ideas políticas no son las mías, pues no veo ninguna contradicción entre ser catalán y ser español, a los líderes separatistas los respetaría si fueran limpios, si no usaran con mala fe, de manera abierta o solapada, la mentira frente a la historia y la ciudadanía, y no se condujeran al margen del derecho, como hemos visto. Pero para mí, estas personas no son dignas de gran respeto ni de confianza política; embriagadas del fanatismo que les caracteriza y cada vez más estridentes, son las responsables de crear una atmósfera de veneno y mendacidad, que pretenden impune, y que ha estropeado profundamente lo que debería ser saludable convivencia y concordia entre españoles.

Se ha de entender de una vez por todas, que, en cualquier caso, se puede, y debe, refrenar por el derecho y, de un modo racional por la fuerza coactiva que da la legalidad, si fuera necesario, sucesos como los acaecidos en septiembre y octubre de 2017 en Cataluña, que ahora se juzgan, para impedir poner en peligro la sociedad libre y democrática en que vivimos. No era inevitable que ocurriese lo que realmente ocurrió. Así pues, se trata de no permitir que los separatistas, por las bravas, se salgan con la suya. Sería totalmente erróneo e irracional que triunfase la intolerancia excluyente. Necesitan educación democrática aquellos que corroen la convivencia y destrozan los valores constitucionales.

No digo que haya que acallar los sentimientos y opiniones nacionalistas, y sus reivindicaciones, sino que deben saber convivir en paz con los sentimientos y razones, también importantes, de los restantes ciudadanos españoles, guardando todos, el derecho que ordena la convivencia, necesariamente lugar de encuentro. De modo que, respetando sus derechos fundamentales como personas y ciudadanos españoles que son, hay que privar a los separatistas fervorosos del inventado derecho a actuar a libre elección, en última instancia, sobre la secesión de Cataluña.

Ya está bien de “malas tripas”, de crear problemas y luego exigir que otros los solucionen. La camarilla separatista, sin respeto a las leyes y a los derechos de los demás ciudadanos, contra todo sentido común, pretenden a toda costa la secesión de Cataluña y para ello extorsionan o mediatizan la libertad de los gobiernos nacionales. Pareciera que todo capítulo de la política debiera ser y expresarse según sus solemnes exclusivos deseos, con independencia de su contenido y de su convergencia en el sistema en su conjunto. Los separatistas en el poder, siguen haciendo política para sí mismos, pero la independencia unilateral no es un juego estético sin consecuencias, ya que afecta a todos los que vivimos en el territorio español.

Y, claro está, sin duda alguna, para la mayoría de nosotros, para gran número de ciudadanos, no es dable aceptar ese comportamiento, presente en la realidad, de creerse no estar bajo la ley general y además dueños del país entero y, por tanto, es necesario impedir y castigar, con las normas jurídicas, aquellos actos de parte que, con violencia o sin ella, negando el derecho y la ley, de manera objetiva pisotean los derechos de todos.

El derecho es de todos, y los autores de los atropellos, de los que piensan como yo y distinto que yo, tienen que rendir cuenta a la justicia, sean gobernantes o gobernados, y esto es lo que define a una verdadera democracia, en su idea y en su existencia, si queremos llevar una vida libre. No dejemos que las intentonas secesionistas pasen a más, sino volverán andar a su merced en su quehacer político. España no se puede deshacer o descomponer por los abusos de los torticeros separatistas que, salidos de madre, con soltura, se desentienden de la Constitución española, que maltratan. ¿Quién no tiene claro esto? ¿Y quién no lo lamenta? Estas cosas, no deben ser toleradas.

Las leyes deben ser cumplidas, por los de aquí y los de allí y los de más allá, también por esos ciudadanos, clase dirigente, que, en nuestros días, tú y yo vemos sentados en el banquillo de los acusados o, en estrados, según, del Tribunal Supremo, para ser juzgados. Esta realidad judicial, que acredita fehacientemente que nadie está por encima de la Constitución y las restantes leyes, les vendrá de perlas a los chapuceros dirigentes separatistas, ya que aún no han comprendido bien lo que significa el Estado de Derecho; recuérdese, en este sentido, las palabras de Artur Mas, en 2013, anteponiendo el supuesto “derecho a decidir” (la constitución no tiene incorporado el derecho de secesión, hacerlo exigiría su reforma) a las “normas, leyes y constituciones”, y recientemente, en febrero de 2019, en el mismo sentido, con unidad de pensamiento, Quim Torra, aduciendo que “la democracia [al modo separatista] está por encima de la ley”.

El principio democrático solo resulta viable en el marco de un Estado de Derecho, y el llamado “proces” no fue ajustado a la legalidad constitucional española, al intentar la ruptura constitucional por la vía de hecho, haciendo a sabiendas leyes inconstitucionales, que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional, y un referéndum (1 de octubre de 2017), para el que no tenían competencias a fin de convocarlo y que, sin garantías democráticas, no cumplía las condiciones para ser válido, como todo el mundo sabía, y puso de manifiesto la Comisión de Venecia (órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa), que, lógicamente, le dio la espalda, al carecer de credibilidad. ¡Hasta se les cayeron las urnas en la calle, repletas de papeletas de voto, llevadas por mozos muy democráticos! ¿Y después qué? Pues nada, que no les da vergüenza decir que lo ganaron. Así es.

Empero, pese a lo que siguen diciendo, es más exacto y cierto, que el supuesto referendo y la subsiguiente declaración unilateral de independencia (DUI), no obtuvieron validación o reconocimientos internacionales, ni políticos ni legales, por lo sobredicho. Y es que todos esos actos fueron contrarios a la legalidad interna y a la internacional, en la que querían anclar un supuesto derecho de autodeterminación para la secesión, que, según los separatistas, les reconocían algunos pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y que, como se sabe, solo está previsto para situaciones coloniales o de opresión nacional; en palabras de la Resolución 1514 de la ONU, para situaciones aplicables “a una subyugación, a una dominación y a una explotación extranjera”, lo que es evidente que no acaece en Cataluña. La autodeterminación, no debe confundirse con el derecho a decidir, que las instituciones catalanas ejercen diariamente, dentro de sus competencias estatutarias.

¡Cuánta cultura política necesitan estos integristas catalanes, con su diluvio de tonterías! ¡Qué flaqueza mental! Sin precisión de ideas y de lenguaje no es posible el buen entendimiento político. Cualquier concepto político-jurídico, en ellos, es oscilante en su estructura lógica y función. Siempre hacen nuevas y parciales exégesis inspiradas en intereses subjetivos y partidistas, frente al criterio de la ciencia política o del derecho o de la convención aceptada. Se comprende, pues, que con estas personas sea difícil razonar y dialogar, ya que, en sus voces, las palabras flotan sin perfil seguro, y nada se torna diáfano y comprensible, salvo el invariable deseo último, de la secesión, tesis general y fin fijado definitivamente.

Estas gentes no quieren la democracia gobernada por la ley, solo conseguir sus fines con las más descaradas interpretaciones. Dicho con otras palabras: se mueven en el apogeo del “decisionismo” y del voluntarismo jurídico (la Constitución catalana, que tenían dispuesta, en lo esencial, era puro decisionismo autoritario) y, sus intransigentes partidarios, a veces agresivos, andan en la obediencia irreflexiva, acrítica e incondicional; nada ponen en cuestión, pese a los innumerables engaños. Dentro del pluralismo político español, en abstracto, hay que respetar sus ideas de secesión, cierto es, aunque no las compartamos, pero no pueden pedir respeto para su manera de llevarlas en acto, vulnerando las leyes, erosionando las instituciones, socavando la convivencia ciudadana, desacreditando la democracia española. Una y otra vez, siempre lo mismo.

¡Qué cinismo, qué tozudez, qué hastío de agitación! ¿Y hablar de presos políticos? En esto, por fortuna, no han conseguido engañar a nadie sensato, ni a Amnistía Internacional, que tiene dicho que los políticos sobreentendidos no son presos políticos, ni siquiera a los ligeros jueces del tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein, que, en su pobretona resolución, afirmaron que en España no hay persecución política. La difamación es incompatible con la verdad de las libertades de que gozan los separatistas en España y que, frecuentemente, ejercen con abuso o en fraude de ley, a expensas de los derechos de otros ciudadanos. Me sorprende, sobremanera, que gentes que se llenan la boca de igualdad y libertad de los ciudadanos, sin embargo, subterráneamente se congracien con los que a diario ningunean la libertad, el pluralismo, la justicia y la solidaridad, a los que encima, se quiere premiar, con concesiones, para profundizar aún más en la desigualdad entre españoles.

Cuando estoy camino de terminar estas líneas, leo en los diarios de prensa, de hoy día 18 de abril de 2019, al hilo de esta cuestión catalana, que, en Vich, a una candidata a diputada en el Congreso de los Diputados, y a su comitiva, los dulces y pacíficos separatistas y, desde luego, “antifascistas”, les gritaban lindas palabras, xenófobamente cordiales, tales, como: ¡”no sois catalanes y ésta no es vuestra tierra”, ¡“fuera, fuera…”! Unos días antes, esta vez en Rentería, otros nacionalistas, con oprobiosa finura y la puntería de palabra ofensiva que les califica, en rebaño, actuaban con idéntica civilización. Y, lo que es tan malo, al menos a mí me lo parece, es que, estas conductas viles, impropias de una sociedad democrática, algunos aficionados leales las justifican, con la excusa, que pretenden absolutoria, de que hay que respetar la libertad de expresión y que, tales sufridores de sus divinas palabras, van “allí” a incendiar la convivencia.

Cataluña debe ser un hábitat democrático y no un territorio sin ley. ¡Prescíndase de los separatistas, de derecha y de izquierda, con su fuerza condicionante, en la sustentación parlamentaria de los Gobiernos nacionales, sean éstos del color que sean, en cuanto los actos de aquéllos sigan pautas de comportamientos egoístas, xenófobos, contrarios al interés general de España o, abiertamente incumplan o menoscaben la Constitución! La clase política debe ser socialmente responsable. Entiéndanse entre sí, sin estrechar manos de amigo a los enemigos de la libertad y de la llana convivencia.

De cara a las próximas elecciones autonómicas, cuando allí se convoquen, sería muy conveniente construir una alternativa política que sea capaz de liberar la convivencia social de la presión asfixiante del nacionalismo reaccionario, excluyente y xenófobo que, como poder público y sin neutralidad, en estos momentos gobierna con asombrosa impericia y sectarismo la Generalidad; coalición o entendimiento, que ayude a superar las querellas internas en esa sociedad, profundamente dividida con disputas de arraigo y pertenencia, entre otras, pues, está visto que, a más nacionalismo doloso, menos libertad y más crispación en la ciudadanía, siendo también, que, el exagerado proceder de los nacionalistas, no es inocuo para la convivencia cohesiva de España, que se intenta destruir, por consumados especialistas, para tal empresa.

Villarín · Registrado: 13 Abr 2007 Mensajes: 512

La jactancia será condenada…

El Estado de Derecho no es venganza, hace justicia. La democracia tiene valores éticos y reglas jurídicas, que hay que respetar. En una democracia constitucional, ante los golpistas separatistas, no valen cataplasmas sino aplicación de la ley y el derecho, con asunción de sus consecuencias. La política no es una canonjía que no exige ninguna responsabilidad.

Los caudillos secesionistas, según pienso, serán condenados por la Sala penal del Tribunal Supremo, en una sentencia expresada, espero, con el lenguaje de los hombres justos. Los condenados, en las circunstancias de hecho consabidas, quisieron derogar la eficacia de la Constitución en Cataluña y declararon la independencia de una parte del territorio nacional. Estos tipos decididos creían que tenían absoluta carta blanca y despreciaron las leyes y la justicia, y ésta, ahora, con elogiable imparcialidad y magnífica pedagogía, los ha juzgado y, más pronto que tarde dictará una sentencia justa, condenando los comportamientos delictivos, no las ideas políticas secesionistas, que, por sí solas no delinquen, y a cada momento se expresan libérrimamente.

La justicia no puede ser un juguete de los poderosos. Empero la sentencia no servirá para ejemplo y escarmiento de los golpistas, en el caso de que, por el Gobierno de la nación, al poco, se los indulte, poniéndolos de patitas en la calle, como si nada. Los condenados, compactos y activos, ni están arrepentidos de no obedecer las leyes, ni tienen propósito de enmienda. “Todo lo que hice lo volvería a hacer y no me arrepiento”, dijo en el uso de la última palabra el presuntuoso Cuixart, ayer día 12, fecha de cierre del juicio. Y el Presidente de la Generalidad, J. Torra, esta mañana, en el Parlamento de Cataluña, en claro desafío, manifestó que “lo volveremos a hacer”.

La Sala juzgadora, que, llegado el caso, ha de informar respecto del indulto, si se solicita, debería considerar seriamente perjudicial para la función preventiva general de la pena que la pena de un delito tan grave, como es el de rebelión (probable tipo penal principal aplicable, entre más), sea indultada. Las cuentas se rinden cumpliendo la pena. La inclinación a las revueltas de los separatistas viene de lejos y aprovecharán cualquier oportunidad para de nuevo rebelarse, según la lógica interna del movimiento secesionista y de las conductas acreditadas, de desligarse de las leyes. El indulto, en estas circunstancias, significa vaciado de la pena e impunidad. En las conductas de los condenados hubo orondo dolo penal, que, por clarísimo, no les permitirá escabullirse del Código penal.

Estos separatistas, de extravagante chulería, de ofensa inaudita a la Constitución española, ora aquí ora allá, con sus mentiras evidentes, fingen que en España no existe democracia, mientras ellos se autoproclaman demócratas de oro, aunque no han respetado las reglas democráticas del Estado de Derecho. Los políticos condenados jamás deberían ser admitidos como demócratas en las filas de una democracia, so pena de humillarla; un demócrata no puede tratarlos políticamente de igual a igual, salvo impostura. Los separatistas encrespados, que desenvolvieron una conducta política de absoluta incompatibilidad con el ordenamiento jurídico, no son demócratas, si nos atenemos a la verdad de los hechos, a la razón y al derecho. ¿Se puede entender que sean demócratas quienes no respetaron la Constitución ni el consiguiente Estado de Derecho y siguen hoy con su desafío a la concordia? ¿No oís las arengas de furia que hacen?

El camino racional para superar la crisis política en esa Comunidad Autónoma, no es más nacionalismo, como actitud, enemigo de España. No olvidemos las lecciones pasadas, de larga memoria, pues vienen de lejos. No se debe favorecer sus deseos, dándoles oxígeno político, en plenitud cordial. La España política, liberal y democrática, la derecha, el centro y la izquierda, deberían rechazar rotundamente, sin ambages, compadreos y pactos con este nacionalismo separatista, torticero y desleal, definitivamente; si se quiere ayudar al mejoramiento y progreso de España en su conjunto, de la España de siempre, de raíz antigua y de experiencia heredada, y de la España de vivencia actual, hecha de valores diversos, los partidos de ámbito nacional, han de mostrarse en contra de componendas con los secesionistas, que no respetan la realidad de España, que niegan o desvalorizan, ni las reglas de nuestra democracia constitucional, propias de una sociedad avanzada, abierta y liberal, que desacreditan, a cada paso.

Como ciudadano español, no perdonaré a estos conciudadanos, de consagrada acción unilateral, el bochorno y la vergüenza ajena que me hacen pasar con su estúpida presunción de superioridad, su tendencia a zaherir, su deslealtad constitucional, su déficit democrático, su jactancia, su actitud altiva, su mendacidad, sus tergiversaciones, su constante violación de los derechos civiles, su falta de consideración a España, su regocijo desprestigiando al Estado español, sus embrollos legales, sus maniobras fraudulentas, sus egoístas intereses creados, su arrebato de golpe de Estado, del que hacen aún jactanciosa gala los condenados y sus pendencieros secuaces. Con sinceridad completa, estoy cansado de este nacionalismo acíbar, estridente, de monótona discordia, de salidas de tono, de gentes alborotadas, de ambiente hostil y, políticamente, a medio educar. Todos los separatistas, en política, se parecen unos a otros como gotas de agua. Con ellos, seguir hablando no conduce a nada.

Al primer pronto, dos ejemplos, entre más, que, en una sociedad democrática y moderna, parecen increíbles, ciertamente. A grandes rasgos, por alusión: la atrincherada arbitrariedad de la mayoría secesionista en el parlamento catalán los días 6 y 7 de septiembre de 2017, saltándose a capricho, con insolencia, las normas reglamentarias procedimentales, creando un procedimiento atípico para la ocasión [aprobación de las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica], y ello, “con arbitraria derogación singular de las normas reglamentarias para la ordenación de la legislación y una patente infracción de las especificas previsiones del Reglamento del Parlamento de Cataluña para su propia reforma”, al decir del TC, y, por ende, pisoteando los derechos de los restantes grupos parlamentarios opositores presentes en la Cámara; conducta escandalosa, que causó estupor general. Recuérdese, también, los sucesos del 20 de septiembre de dicho año, éstos en la calle, hechos de intimidación, coacción y violencia, principalmente, ante la Consejería de Hacienda, con ocasión de un registro judicial, donde una muchedumbre de fanáticos prosélitos, de probada obediencia, siguiendo un llamamiento de sus voceros, con la contemporización de las autoridades, ya ese día traslucieron visos de insurrección, finalmente apagada en la noche, pero que, a todas luces, fue un primer ensayo para otras acciones de mayor ofensiva contra el Estado, que todos vimos.

La XI legislatura autonómica del Parlamento de Cataluña, comenzada el 26 de octubre de 2015 y finalizada el 27 de octubre de 2017, fue vorazmente antiespañola y marcó un hito inigualable de deshonor en la vida política democrática de aquella asamblea regional. Los diputados separatistas, que hablaban –y siguen hablando– como dueños de Cataluña y de la Libertad, a lo largo de esa legislatura, con su actos y decisiones: conculcaron la democracia y el Estado de Derecho, invadieron la soberanía del poder constituyente, vulneraron el principio de unidad de la nación española y de autonomía, infringieron la ley con dotaciones presupuestarias para la celebración de referéndum inconstitucional, etc., y, tozudos e inflexibles, el día 1 de octubre de 2017, con murmullo de odio, sin legalidad y garantías, a su libre deprimente manera, llevaron a cabo una consulta supuestamente referendaria, sobre la independencia de Cataluña, para días después, el 27 de octubre de 2017, la mayoría independentista del parlamento regional, declarar la independencia unilateral de Cataluña (DUI), que el Tribunal Constitucional suspendió el día 31 de ese mes, y el 8 de noviembre de ese año, entrando en el fondo del asunto, declaró inconstitucional y, por tanto, anuló y dejó sin efecto. Los separatistas trastornaron todas las reglas del juego democrático. De estas cosas dan razón las sentencias del Tribunal Constitucional.

En la actualidad, junio de 2019, en tránsito por la legislatura XII, ese enfurruñado parlamento, dominado por los separatistas, sin virtudes políticas y escaso haber moral, sigue en sectaria decadencia; necesita redención democrática (aceptación de las normas jurídicas que rigen y conducen nuestra vida política y social, en tanto vigentes), para que goce de dignidad, de respeto y consideración.

En Cataluña se quiere hacer desaparecer la idea de la nación española. Afortunadamente, muchos catalanes le hacen cuernos al nacionalismo obligatorio. Lo que quieren los secesionistas, la independencia, debe quedar distante de su única aspiración, por lo que podría venir a continuación, con consecuencias incalculables. Condescender a la recurrente petición de celebración de un referéndum de autodeterminación, solo en Cataluña, además de no ser posible constitucionalmente, sin previa revisión constitucional ex artículo 168. 1 y 2 CE, más decisión referendaria de la soberanía nacional y, por tanto, determinación del conjunto del pueblo español (ex art. 168.3 CE), de autorizarse, algo sumamente improbable, salvo enajenación colectiva, provocaría en otras Comunidades dinámicas de emulación, que, al cabo, resquebrajarían España; un camino que entreveo nos conduciría a lágrimas y pesares.

¿Podremos vivir los españoles horas despreocupadas, libres de estos tumultuosos tunantes, de helada perfidia, que aspiran al imposible y atizan la discordia en España? Cataluña es ahora una tierra amarga, de ansiedad dolorida, de tristeza gris, por culpa de estos nacionalistas de humor bilioso y de sus seducidos comparsas, de adulación servil. El movimiento separatista ha eliminado de su dirección política, la inteligencia. Han convertido la política catalana en una cuestión de tribu, con intenciones poco cordiales. Se pasan de listos y hay que estar con el oído alerta, sin esperar a que suenen de nuevo las alarmas. Confío que los afanes secesionistas se topen siempre con la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico. En la España de ahora, de libertad plena, así es, y así debe seguir siendo.

Villarín · Registrado: 13 Abr 2007 Mensajes: 512

Hasta aquí hemos llegado…

En Cataluña, el Estado de Derecho reclama respeto inaplazable. Los separatistas, con sus malos usos políticos, su brutal necedad, su tosquedad inigualable, en los últimos años, por doquier habían perdido el respeto a la ley; empero, no podían ser definitivas y quedar impunes sus intolerables conductas ilícitas. El separatismo antidemocrático, displicente, distanciador, altanero, ineducado, que quería volar sin trabas, poniendo al Estado patas arriba, pretendiendo porque sí quebrar el orden constitucional y liquidar el Estatuto de Autonomía, declarando la independencia de Cataluña, ha sido condenado por el Tribunal Supremo, en las personas de sus más cualificados dirigentes, en sentencia dictada con perfecta coincidencia de criterio jurídico de los magistrados del tribunal, esto es, por unanimidad, en la apreciación de los tipos penales aplicados.

No sobreestimo a los jueces, ni tengo un concepto extraordinario de ellos, como si fueran personas que no pueden equivocarse jamás, pues sé que no siempre aciertan, cuando juzgan, como, pienso, es el caso, con su fallo recortado, azucarándolo de rebelión a sedición, pero son garantía del funcionamiento de una sociedad democrática. Ahora corresponde acatar la sentencia por los condenados, y respetarla por la ciudadanía e instituciones, sin perjuicio de los recursos extraordinarios que contra dicha resolución procedan e interpongan los interesados, y de la actividad crítica, ya especializada, ya vulgar, que es libre de hacer las glosas y comentarios que estime pertinentes.

Se juzgaron exclusivamente hechos ilícitos previstos en el Código penal, según un juicio de Derecho, celebrado con pleno respeto a las garantías defensivas de los acusados, y se ha hecho justicia dentro de los límites de la ley y del derecho. El derecho penal pasó limpiamente por el derecho procesal, en cuanto a garantías. Ante la Justicia de un Estado de Derecho bien construido, que funda sus decisiones judiciales en hechos y pruebas, teniendo las partes ocasión de tomar posición, de nada sirve la confusión interesada, el desmesurado fuego de palabras, la revuelta anticonstitucional, la contaminación de la propaganda, o la amenaza de desobediencia. Por lo pronto, la justicia ha prevalecido sobre el separatismo turbulento, que, de todos modos y a toda costa, sin pulcritud democrática, quería prescindir de las reglas del Estado constitucional, acarreando malas consecuencias, en todo orden de cosas. Defender la independencia de una parte del territorio nacional, en nuestro derecho es legítimo, pero siempre que no se cometa delito alguno. El derecho vigente es obligatorio y debe ser observado por todos los ciudadanos.

En adelante, después de esta experiencia de carácter negativo, sería deseable que, en el campo nacionalista, donde no parece haber nadie de primer orden político, se alzaran voces sensatas, de buen sentido y gesto noble, que apartándose de la ruta emprendida, de marcada duración y repleta de hostilidad agresiva, adviertan, con convicción de racionalidad, que no pueden hacer lo que les place, según su real gana y, de una vez, adquieran la certeza de su finitud jurídica, política y constitucional, reconduciendo su actual posición de mendacidades, de artimañas, de estéril confrontación y de maniobras unilaterales rupturistas, a las premisas constitucionales, a los cauces legales propios de nuestro sistema democrático; esto me parece lo inteligente y honrado.

A mayor abundamiento, el poder político regional, sin falsa apariencia de neutralidad institucional, e ideológica en centros educativos y sociales, debe rebajar la fuerte tensión política e ideal con la que se desenvuelve, pues la ciudadanía ha de prevalecer sobre la identidad, facilitando, de ese modo, la convivencia social en la plural Cataluña, que, de manera manifiesta y paladina, los separatistas han deteriorado de manera grave, con su actitud desleal, sectaria y de excesos anticonstitucionales; a la par, deben favorecer relaciones armónicas con las distintas instituciones del Estado, por el bien común de los ciudadanos, que, como seres libres, necesitan respeto y paz social, sin arbitrarias exclusiones, por el origen, del seno de la comunidad.

Empero tengo completa desconfianza. No quiero ser ingenuo, el proces, sigue en marcha. Los españoles conscientes, deben velar por las instituciones y defender la democracia frente al nacionalismo inmoderado, constriñéndolo socialmente, y, el Estado ha de mantener a raya, por el derecho, a los exaltados, tipo MIC, de posturas agresivas, o algunos CDR ultras y violentos, antes de que, por su frustración y comportamiento, elijan mal el camino y comience a suceder en Cataluña lo que en democracia acaeció en el País Vasco, bajo el nacionalismo de sentimientos venenosos y hostiles, a saber: merma de libertad, miedo, forzados silencios, humillaciones, asesinatos, extorsiones, y expulsión por el terror de miles de ciudadanos disidentes, etc. Esto no puede pasar inadvertido, pues, la verdad, afirmada en los hechos, tiene que sobrevivir, sin maquillaje.

Los separatistas, de dinamismo constante, que quieren desasirse de España y de cualquier manera la agitan, no actúan con responsabilidad social y buena fe objetiva, ni asumen las consecuencias de sus actos; en ellos, la mentira es un divertimento y un arma más de la política sin moral que practican y, de inmediato, olvidándose de los delitos cometidos por los condenados, que para los secuaces de ese movimiento son nadería, continúan con la campaña de desprestigio de España, sin tasa y sin fatiga, sin horario y sin tregua, a cada momento, en cualquier parte, jaleando a los cuatro vientos que el Estado español, arbitrario e injusto, los reprime y persigue por su ideología política, pese a que, en el correr de los días y de la actualidad, a la vista de todos, dicen y desdicen lo que les da la gana, con emotiva vehemencia y ardorosa defensa de sus firmes convicciones, sin restricciones de pensar como quieran, como hacen el resto de los ciudadanos españoles. Son insoportables, quejándose de España siempre.

Para estos separatistas inverecundos, el resultado del fin de su anticonstitucional aventura, que, enteramente recordamos, con perfecta exactitud, es decepción, pues, ciertamente, a muchos han engañado –y desengañado–, nada más han conseguido, y todo sigue igual en sus pretendidos logros. Con su típica petulancia y veloz demagogia, más esa pobre idea que tienen de España y predican sus voceros, terminarán pudriéndose en sí mismos; por fortuna, sin abrirse paso, en su deseado sentido último.

Los muchos separatistas de agrio rostro, de áspero estilo colectivo, fundamentalistas cada día y el anterior, que flamean que la calle es suya y mancillan la convivencia con borreguil coacción, en política, no me gustan. No me gusta su tergiversación de los principios del Estado de Derecho, ni sus contravenciones de la Constitución, ni sus habituales clichés conocidos y superconocidos sobre España, ni etc. ¿Por qué no descansáis, nacionalistas impacientes? ¿Por qué miráis embelesados, vuestro pequeño ombligo? ¿A quién conviene, ese cegado orgullo, ese corazón estrecho, esa ira bramando, esa recia malicia, esa sembrada ponzoña, esa división de primitivos tiempos? Nunca haréis, de España, trizas.

Para terminar, expreso un deseo. Reconociéndome como español, mi anhelo, para España, que da cobijo a todos, es una vida perdurable, sin zozobra, de días felices y tranquilos, de ilusiones y posibilidades, unida en los momentos fáciles y en los difíciles, por encima de los diferentes trasfondos ideológicos y concepciones políticas; ya dije, en anterior ocasión, quisiera que hubiera un patriotismo sin pose, sereno, mesurado, culto, anclado en la realidad de una democracia de Estado de Derecho, regido por los valores constitucionales y derechos fundamentales expresados en la Constitución de 1978, que debemos conservar y perfeccionar, con voluntad de convivencia, con espíritu de concordia y sentido de unidad.

Una España con todos sus caracteres nacionales, donde el enfrentamiento político en cualquier cosa, la más de las veces sea reemplazado por la cooperación activa y vías de entendimiento, restando tensión y crispación a la vida pública, para el progreso y la mejor convivencia de los ciudadanos. Los españoles, conjuntados, con sostenido esfuerzo de dedicación, debemos cultivar esta aspiración ideal, con espíritu alerta, para no caer en la disgregación, de los que se proponen lo contrario con irresponsable ambición, que quieren separar, con desgarro, lo unido por siglos de historia. La secesión es el vocablo donde los mandarines nacionalistas alojan sus enardecidos entusiasmos y con el que están escindiendo Cataluña en dos grandes mitades incompatibles. Espero que, lo que no debe ser, no sea. ¡Cuidemos España, que, en su pluralismo y diversidad, nos enriquece en un nexo recíproco!

No apuro más este tema, todo alcanza un final.

Villarín · Registrado: 13 Abr 2007 Mensajes: 512

Todavía unas palabras más…

Con brevedad y a grandes rasgos. En España, al amparo de la Constitución, se goza de amplia libertad de expresión para la exposición y defensa pública de las diversas concepciones ideológicas, sin más límite que la difusión de un discurso de odio o de incitación a la violencia; de manera que, fuera de esta lógica restricción, en el ámbito del discurso y del libre debate de las cuestiones políticas, libremente se puede rechazar las estructuras constitucionales del Estado, incluida la forma de gobierno monárquica, como hace día a día el separatismo, aquí, allá y acullá; pero, eso es una cosa, y otra diferente, que la actividad política no tenga límites, en un sentido democrático, de acatamiento a las reglas constitucionales y de respeto al régimen de libertades y derechos fundamentales. En la política no existe irrestricta libertad, al margen del Estado de Derecho, de modo que, en su ejercicio y funciones, a nadie le está permitido hacer lo que le venga en gana. La política no está desprovista de limitaciones jurídicas.

Así, pues, una cosa son las reivindicaciones democráticas del nacionalismo, que tienen cabida en el pluralismo político y la libertad ideológica, como, por ejemplo, reclamar el reconocimiento constitucional del inexistente derecho de secesión y, otra, sin confundirse, la alternativa intolerable de intentar conseguir la secesión, con desprecio a la Constitución y sin respetar las vías de reforma establecidas. Creyeron demasiado en sí mismos, pero, en una democracia, actuar fuera de la ley, siempre, es equivocado. Las leyes promulgadas deben cumplirse rigurosamente, si queremos que la convivencia colectiva sea llevadera, sea en concordia.

Cualquier ciudadano autoconsciente y bien informado, sabe perfectamente que, como consecuencia de la igualdad absoluta ante la ley con todas sus consecuencias, en España (o en cualquier otro lugar de la UE y en todos los Códigos) no podían quedar impunes los que con su conducta han dañado el Estado de Derecho y la democracia constitucional, y, por tanto, hoy por hoy, en este punto, seguir queriendo actuar en la vida político-social como si no existiese la ley y el derecho, lleva, invirtiendo la dirección correcta, a estrellarse una vez más contra la imposibilidad de su eliminación a libre voluntad, en su ser y tenor, si no es por sus propias reglas de revisión.

Tal es lo que les sucede a los nacionalistas en Cataluña, que, su recalcitrante unilateralismo rebota, por lo pronto, contra la Constitución, y también frente a la voluntad general del pueblo español, que, a mi juicio, en su mayoría, no le gusta que una minoría del mismo, queriéndose salir con la suya, desobedezca las leyes y pretenda usurpar porque sí la soberanía nacional y su derecho a decidir sobre la integridad territorial de España y la unidad del Estado. Los ciudadanos tienen claro que, lo que a todos atañe debe por todos ser aprobado; y este es un derecho político del que nadie desea abdicar y, menos, para dar contento a un nacionalismo vanidoso y excluyente, que, con su infatigable propaganda y artificioso victimismo, construye una memoria histórica con grotescas mentiras y mide siempre las cosas con el metro del supuesto agravio, dividiendo radicalmente la convivencia más allá de la razón, como bien se ve, en Cataluña, partiéndola en dos.

Los nacionalistas, adornados de himno, etnia, clan y lengua, en la actualidad carentes de pensamiento político racional, suponen que, con las planeadas fechorías y disturbios de octubre de 2019, y las que aún prosiguen, de instigada protesta contra la sentencia consabida del Tribunal Supremo, progresarán, más allá del derecho positivo, hacia la meta de la independencia mágica, ayudándose, con tales sucesos de barricada, teledirigidos, a llevar agua nueva a su viejo molino secesionista, de agitadas aguas turbias contra España; sin embargo, pienso que ningún logro político han de conseguir, en su ilusión y meta, por este extraviado modo de protesta.

Ocurre que, al contrario, con su pérdida del sentido de la convivencia, sus estallidos emocionales, su mirar de superioridad, su sobreabundancia de resentimiento, su avasallamiento en las instituciones que dominan, han fortalecido una resistencia, de defensa y reacción, para contrarrestar el escamoteo en Cataluña de la Constitución española; a más, con su sedicioso desenfreno, han sobrecargado su desprestigio, ya penoso, a la hora de hacer memoria democrática en España, por su absoluta indignidad, patente, cuando no se les da la razón, porque ignoran la ley, con avidez anticonstitucional.

Los separatistas no pueden existir sin desear la independencia, pero, ¿cómo pueden pedir a España, común colaboración a la obra de la independencia de Cataluña? ¿En qué cabeza cabe, tal acogida y apoyo? En esto deben renunciar a toda esperanza; hay un dualismo inconciliable, una combinación imposible. No creo posible solución alguna que no descanse en la Constitución española y, en lo esencial de ellos, la independencia, nunca habrá acuerdo, por mucho que, forzando la marcha, con intemperancia y reacción agresiva, los secesionistas se den perfil y relieve en la calle, con el triste espectáculo de la violencia. Si pudieran, impondrían la independencia a sablazos y culetazos. Quieren alcanzar la independencia de la manera que sea. Pero, cuidado, con estos sembradores de radicalidad, que, desde el poder público, defienden los disturbios en las calles para hacer “visible el conflicto catalán” y piden a los cretinos, de “independencia o barbarie”, que “no aflojen”. La apelación a la violencia es un aviso para muchos ciudadanos conscientes, pues expone a serios peligros la convivencia. ¡Bien me acuerdo de las acometidas brutales y trágicas del separatismo vasco debelador!

Para estas coléricas gentes, el derecho de manifestación, no tiene reglas, de manera que, a su ver, en la protesta, es legítimo obstaculizar las vías públicas, producir daños en vías férreas, destrozos de calzada, ocupar aeropuertos o estaciones de ferrocarril, romper señales de tráfico, destruir semáforos, quemar contenedores, impedir la libre circulación de personas y de mercancías, etc., y ello, pareciera que, necesariamente, sin responsabilidad de clase alguna. Un daño no deja de ser daño porque lo causen los separatistas. Ni la impunidad del hecho borra el estigma de su ilicitud. No se puede dejar hacer impunemente; hay que exigir a los implicados (autores, cómplices, inductores, cooperadores), la correspondiente responsabilidad jurídica, por los daños en los bienes de dominio y uso público. No hay eximente o causa de justificación, ni procede socializar esos daños. La exención de responsabilidad personal, de darse, por dejar pasar, sería el camino más recto para desmoronar el ordenamiento jurídico, al relativizar su valor normativo y social; por tanto, hay que perseguir y sancionar estos desmanes, que son mucho más que una carga molesta para la ciudadanía.

Las riendas de España no pueden estar en manos de los nacionalistas, si queremos que toda España sea cuna de la patria común. Contemplando, en la etapa democrática, la debilidad de los Gobiernos de España ante los nacionalismos, flaqueza a la que aludí en páginas precedentes, no es de extrañar que, en nuestros propios días, a los separatistas consistentes se les abra el apetito maximalista y pretendan subirse a las barbas del Estado, queriendo que la tolerancia liberal, las instituciones democráticas y los muchos nos postremos ante los pocos, aceptando hasta la última de sus palabras. Parece superficial decir que, nada es posible con independencia de la Constitución y de la opinión del resto de los españoles, que deseamos vivir convidados en la amistad, sin fronteras artificiales, sin sobresaltos, sin tristeza amarga.

Pienso que, los secesionistas, con sus formas extremas, se equivocan por completo, engañados por su etnocentrismo. Cabe suponer que la democracia española, gobernada por reglas, y prudente, no va a aceptar la deconstrucción histórica de España, dando pasos atrás medievales, ni a renunciar, en favor de privilegios, a los mismos derechos de ciudadanía para todos, en cualquier parte del territorio nacional, y tampoco creo que constitucionalmente se vaya a condescender en el reconocimiento de un derecho de autodeterminación que estimularía otras peticiones, con finalidad segregadora y efecto destructivo, que desgajarían España. Entre el separatismo y España, que no es una mera estatua, hay un abismo infranqueable y fines incompatibles, que impiden una empática atención. Con muy buen sentido, la secesión no es una alternativa soportable, para una vasta mayoría de españoles, por sus excesivas implicaciones negativas, que parecen innegables.

En los artículos que anteceden, expresé mi parecer, en exposición de rasgos muy generales, de cómo se conducen social y políticamente estos retrógrados y antidemocráticos nacionalistas, de propósitos absolutos y políticas de identidad étnica-lingüística, señalando de manera evidente, creo, su repetida falta de decencia básica, en el aspecto intelectual y político, su modo insensato de actuar institucionalmente, y su conducta de unilateral ruptura constitucional, que, sin contención, genera peligros para la democracia (v. gr., conductas desligadas de las leyes, en 1931, 1934 y 2017). Digo entonces que, por mi parte, carece, en cierto modo, de sentido, seguir pasando revista, y contestación decidida, a este nacionalismo estrecho, mezquino y desmembrador, que es antítesis diametral de mi sentir comunitario, es decir, de puro goce de unión de los españoles; de modo que, aquí y hoy, para minimizar mi ansiedad y preocupación, me aparto de continuar escribiendo la etopeya, según yo la veo, de este agobiante nacionalismo, inmoderado y rabiosamente sectario en sus decires, pensares y haceres, que tan mal soporta el fracaso y que, en esta hora, sin rasgos de cordialidad, me empieza a dar miedo, con su contumaz desleal intransigencia (“lo volveremos a hacer”), que es propensión natural de estos protestatarios de acción dislocada, que niegan la realidad viva de España, a la quieren mutilar.

Este estado de las cosas, no sé adónde irá a parar. Nadie lo sabe. Empero, claro está, nada es legítimo por encima de la Constitución. La imagen de este nacionalismo de grito de batalla, de eslóganes manipuladores que prometen certezas, de fanáticos devotos que le dan expresión histérica en su actividad, es, en toda su exuberancia, de incivilidad estridente y agresiva. Y esto, no se puede, en ningún modo, olvidar. Así es. Yo, por supuesto, rechazo ese modo de proceder.

De estos segregadores, me resulta inaceptable la vulgar charlatanería de sus solemnes discursos, los perversos embustes frente a la ciudadanía, los puntos de vista rudimentarios sobre el derecho, la democracia incontrolada que pregonan, la pretensión de usurpar el poder constituyente español, el estado de cosas inconstitucional que han generado en Cataluña, la fractura social que causan, los disturbios que alimentan, la libertad que se arrogan para destruir España y, mostrando máxima hostilidad, presentarla como villana; en suma, el desvío de la ley, la barbarización de la política y la perversión del sistema democrático, queriendo pasar, con su arbitrariedad, por encima o más allá de la Constitución y el Estado de Derecho. Sin respetar las normas generales y el método legal de reforma, no hay posibilidad de vivir juntos en paz. La Constitución española es el baremo, el patrón común de cualquier solución política pacífica, el lugar de la libertad democrática, de las restricciones y de las soluciones posibles.

Villarín · Registrado: 13 Abr 2007 Mensajes: 512

Con admiración profunda a los ciudadanos que, en Cataluña, sin desfallecer, le ponen cuernos al nacionalismo obligatorio, combaten la miseria moral del separatismo alzado, y defienden la unidad constitucional de España.

Villarín · Registrado: 13 Abr 2007 Mensajes: 512

Leo en el diario La Vanguardia, del 6 de octubre de 2023, que: Fuentes socialistas aseguran que “en ningún caso la autodeterminación está en la agenda del PSOE”; y en el periódico el País, del día 16 de octubre de 2023, que “El ‘president’ defiende que la consulta sobre la independencia es “posible, legal y viable” y rechaza que se deban pronunciar los electores de España”.

A) Sobre la primera noticia, un recordatorio ideológico

No hace muchos años, en una TV española, escuché a un exministro que estuvo en el primer gobierno socialista, decir esto: que, el PSOE, en sus resoluciones congresuales nunca había estado a favor de la autodeterminación de los pueblos de España. Recordé al instante que, en mi biblioteca tengo el libro titulado PSOE, Serie Política 1, del que son autores Francisco Bustelo, Gregorio Peces-Barba, Ciriaco de Vicente y Virgilio Zapatero, editorial Avance, 1976, y que recoge las Resoluciones del XIII Congreso del PSOE, celebrado en octubre de 1974 (Congreso de Suresnes). Una de estas Resoluciones, se titula: “Nacionalidades y regiones”, y, allí, de manera expresa se reconoce el derecho de autodeterminación “de las nacionalidades” que “integran el Estado español”, como puede verse escrito en las páginas 51 y 52, de las que transcribo textualmente:

“Ante la configuración del Estado español integrado por diversas nacionalidades y regiones marcadamente diferenciadas, el PSOE manifiesta que:

”1.º La definitiva solución al problema de las nacionalidades que integran el Estado español, parte indefectible del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas que comporta la facultad de cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español.

”2.º Al analizar el problema de las diversas nacionalidades el PSOE no lo hace desde una perspectiva interclasista del conjunto de la población de cada nacionalidad sino desde una formulación de estrategia de clase, que implica que el ejercicio específico del derecho de autodeterminación para el PSOE se enmarca dentro del contexto de la lucha de clases, y del proceso histórico de la clase trabajadora en la lucha por su completa emancipación.

”3.º El PSOE se pronuncia por la constitución de una República Federal de las Nacionalidades que integran el Estado Español por considerar que esta estructura estatal permite el pleno reconocimiento de las peculiaridades de cada nacionalidad y su autogobierno a la vez que salvaguarda la unidad de la clase trabajadora de los diversos pueblos que integren el Estado Federativo.

”4.º El PSOE reconoce igualmente la existencia de otras regiones diferenciadas que por sus especiales características podrán establecer órganos e instituciones adecuados a sus peculiaridades.”

Y, además, en dicha resolución, tal reconocimiento del derecho de autodeterminación se presentaba con carácter de ineludible; en este sentido, en la página 50 del citado libro, se puede leer: “5. El PSOE entiende que el restablecimiento de la democracia en España requiere con carácter inexcusable las medidas siguientes: (…) “g) Reconocimiento del derecho de autodeterminación de todas las nacionalidades ibéricas.”

Así pues, el exministro estaba en un error, es decir, tenía un conocimiento equivocado de la historia del PSOE sobre esta cuestión, aunque, por ventura, tal señor, como la mayoría de los socialistas, entonces y ahora, no han estado y no están, creo, en pro del reconocimiento del derecho de autodeterminación en España, pese al doctrinarismo mencionado, y, con la excepción, de bastantes militantes del PSC, que sí lo están, aunque disimulan con inaceptable hipocresía. A más, en su intervención, el exministro hizo defensa de la integridad territorial y soberanía de la nación española, punto de vista en el que coincidimos, pues, a mí tampoco me van las acciones políticas disgregadoras de España, que me producen amargura. Espero que no llegue nunca el momento en que, los socialistas, abducidos por los separatistas, les acucie la tentación de la autodeterminación, que la Constitución no prevé.

La autodeterminación fuera de los supuestos normativos fijado por la ONU (en su Resolución 1514), bien conocidos, no existe; y, por eso no se reconoce en los ordenamientos jurídicos de los países de la UE, por limitarme a este espacio político compartido por nuestro país.

Este entreverado de autodeterminación y nacionalidad, esto es, de la “autodeterminación de todas las nacionalidades ibéricas”, me trae a la memoria, como complemento a lo acabado de transcribir, a Peces Barba, otra vez, que, como señalé, fue coautor del libro antes referido y, años más tarde, miembro de la Comisión Constitucional del Congreso, con ocasión de los trabajos parlamentarios sobre la redacción de la Constitución de 1978, y, en fin, uno de los llamados “padre de la Constitución”; y bien, este cultivado profesor, en algún momento de aquellos debates, dijo que: “Damos por sentado que España, como nación, existe antes de la Constitución. […] Ese hecho no lo negamos. […] Pero España es una nación de naciones y esto no es nuevo, porque esto es el Reino Unido de Gran Bretaña y del Norte de Irlanda, esto es Bélgica, esto es Checoslovaquia, esto es Yugoslavia y no se puede decir que no sea esta realidad una realidad sin peligro ninguno de separatismo, sin peligro ninguno de ruptura de esa unidad…”.

En la actualidad, este mantra lo repiten algunos socialistas españoles, cuyos nombres están en la mente de todos; el más relevante en este momento, vuelve a decir, que “España es una nación de naciones. Cataluña es una nación dentro de otra nación que es España, como lo es también el País Vasco, y esto es algo de lo que tenemos que hablar y reconocer”. Es decir, se quiere una España sin España.

Está visto, que lo inesperado también acontece. Todos sabemos cómo acabó Yugoeslavia; cómo disuelta Checoslovaquia, por muy suave que fuera la separación; nadie ignora las graves tensiones existentes aún en el Reino Unido, con el Norte de Irlanda y las intenciones secesionistas permanentes de Escocia; y qué decir de la admirable fraternidad que hay en Bélgica, que, de haber en su ordenamiento jurídico un derecho de autodeterminación a voluntad, la unidad estatal estaría disuelta, al momento.

El concepto político y jurídico de nación no es una nonada, ni debe relativizarse a costa de la impotencia de la idea de España, como patria común de los españoles. Los nacionalistas quieren desbaratar a España, para seguir solos su propio camino y existir al margen de la esfera de control constitucional. No quieren vivir en un territorio común y con valores constitucionales similares. Ansían cuajar un Estado catalán soberano, según dicen, para tratar a España de tú a tú, de potencia a potencia, de soberanía a soberanía, y, en este afán, sin mesura, la política la han reducido a oposición entre amigo y enemigo, que es odio e irracionalismo ciego, contra España.

No es buen camino el de coadyuvar a socavar España, a dividirla, a enconarla. No más España dolorida, sino amor por España. España une, no separa.

B) Sobre la supuesta viabilidad de la autodeterminación

El separatismo es una aspiración dañina para Cataluña, para España, que amenaza con mutilarla y, por emulación disgregadora, para la Unión Europea.

La endemia catalanista-separatista, que tantas energías y tiempo hace perder a España, nunca es de trato agradable y con mucha frecuencia es de pasión bruta, de lo que es un buen ejemplo la DUI de 2017 y, con anterioridad, en el ayer no tan cercano, los desleales actos políticos unilaterales acaecidos en los años de 1931 y 1934. No puede desconocerse que, mientras los secesionistas alardean de educación democrática, quiebran la legalidad que se expresa en la Constitución de 1978, así como en el Estatuto de Autonomía de 2006, declarando unilateralmente la secesión de Cataluña, si bien, ciertamente, no logrando ser efectiva; y lo han hecho con el poder público en la mano, como representantes ordinarios del Estado en la Comunidad de Cataluña.

Los secesionistas, ¿con qué derecho pretenden deshacer España? Un referéndum de autodeterminación de Cataluña no lo puede convocar legalmente el Gobierno de la Generalidad, por carecer de competencia; ni lo puede pactar con el Gobierno de la nación, porque este tampoco tiene esa competencia. La independencia de una parte del territorio nacional, es una decisión de soberanía; por tanto, una atribución decisoria que, constitucionalmente, es exclusiva del poder constituyente, esto es, al cabo, del conjunto del pueblo español, según dispone el artículo 1.2 de la Constitución española (CE); precepto que únicamente puede ser reformado, conforme al procedimiento previsto en el artículo 168 de la CE.

Entretanto esa reforma constitucional no sea aprobada, en la forma procedimentalmente preceptuada y en referéndum ratificada por el pueblo español, ningún poder público constituido puede proceder a una convocatoria con la finalidad anhelada por los secesionistas, por falta de habilitación legal. Lo que a todos atañe debe por todos ser aprobado. Ignoro por qué, los nacionalistas separatistas, que saben hacer todas las cosas mejor, no acaban de comprender cosa tan elemental, como este principio democrático básico, ajustado a la legalidad. La democracia española es algo más que una parte del pueblo, demagógicamente soliviantado en las calles y plazas de Cataluña, desligado de las leyes, decida por todos sobre el todo. Esto es opuesto al autentico pensamiento democrático. En democracia, sobre España, hay que contar con todos los ciudadanos que integran el cuerpo electoral.

No niego que hay distintas maneras de sentirse español o, simplemente, de no sentirse tal, como acaece entre algunos ciudadanos, cual los renuentes aludidos. En verdad, existen muchas variedades de mentalidad, pues con ojos de muchas clases se ven las cosas de muchas maneras. Empero, estimo que una lengua y cultura propia, no puede dar a nadie privilegios generales. Por encima del interés general de España no debe prevalecer el desmedido interés particular de sus partes. España es una evidencia, no es un postizo, una carcasa jurídica, una nadería; tiene base antigua y seculares cimientos edificadores. España tiene vida sustantiva propia, que nadie puede enervar unilateralmente, por sandio desdén hacia lo español. La ciudadanía española, hoy, en su gran mayoría, en su sentimiento nacional, se sabe parte constitutiva de una consolidada comunidad histórica, política y espiritual, con conciencia estable de solidaridad y pertenencia, que es, en sentido propio, España, la nación española, para todo el que la quiera.

Dejémonos de tapujos y de vacuo parloteo. Social y políticamente hay que contrarrestar y no ceder a las tendencias separatistas, que dividen a los españoles, a fin de que todos podamos vivir colectivamente con los demás, sin privilegios y en igualdad de derechos. Diversidad no es antagonismo, por tanto, nada impide ser, de verdad, conciudadanos. La autonomía política de Cataluña, que le da un gran poder de autogobierno, al celo separatista le produce escasísima satisfacción. Mas fuera de la Constitución, nada puede ser. El catalanismo consciente sabe o, debe saber, que la solución de convivencia que permite hacer fecunda la rica personalidad de Cataluña en la unidad diversa de España es la Constitución española, que, como todo producto histórico, es contingente y perfectible. Esto es lo que dicta la ley, el sentido común y el entretejido histórico español.

Cuando de lo que se trata es de España, que abarca la totalidad nacional del pueblo español y debe prevalecer y preservarse, hemos de proteger el valor colectivo de unidad de la nación española, rechazando de plano las exigencias separatistas de diálogo, negociaciones y pactos que, con patente exceso, superen la Constitución española, que es expresión de la voluntad general de los ciudadanos españoles. No se puede poner confianza política en el nacionalismo separatista, que niega el todo y no admite matices ni medias tintas y, al cabo, es un lastre para la convivencia.

En esta época, los actuales figurones políticos, separatistas de mayor talla, sin duda son especialistas en embrollos, en poner trampas al Estado, en desdén a la ley y al derecho, en excitar sin mesura a sus secuaces. Empero así no se resuelve nada. España no es una hoja seca que la brisa separatista, ventolera a veces, pueda llevar por delante, a voluntad. España es consciente de sí misma, de su unidad nacional, de su espíritu integrador, de su orientación en la confirmación de la colectividad española, y no va a quedar a merced de las insolencias y desafueros del separatismo, que, en su actuar en la vida pública, todo lo quiere según su capricho, aunque no sean dueños de todas las cosas.

Como ciudadano español, de ninguna manera daré por buena la arbitraria disociación unilateral ni, por supuesto, el ninguneo de mi derecho a decidir con pleno albedrío, sin violencia ni atropellos de nadie, sobre el destino de España o de sus pueblos. No estoy dispuesto a dejarme imponer por el separatismo virulento, de formulación elemental, que no se modera ni se queda en lo constitucionalmente posible y al que, el solo nombre de España le crispa los nervios y le excita su torvo desamor. En fin, frente a los dinamiteros de la Constitución, defiendo ésta y el resto del ordenamiento jurídico y, por ende, defiendo la nación española, completa en sí misma, de talante liberal y democrática, diversa en su unidad y plena en su soberanía nacional.

Villarín

Villarín · Registrado: 13 Abr 2007 Mensajes: 512

De la mala política

Aprecio el valor de la Constitución y la eficacia del Estado de derecho, con su racionalidad jurídica, siempre perfectible. Me complace la democracia, pero gobernada; con poderes públicos regulados y actos de poder controlados. Soy de actitudes y convicciones moderadas, pero concorde con los anhelos renovadores para el desarrollo del país y con los cambios sociales, con afán de perfección y progreso. El reformismo bien entendido procura un cambio con voluntad de ir hacia adelante, mejorando las cosas, pues, en eso consiste el progreso, en dar pasos hacia adelante. La injusticia social me parece insoportable y germen del rencor de la miseria. Una cosa más, de liberal convivencia, en democracia, el espacio público debe ser laico y universal, de todos, y el adversario debe ser escuchado, suele tener también algo de razón. Y respetado, como exigencia de una convivencia pacífica duradera.

Por eso, sin retórica huera, digo que la concordia debe ser siempre un valor nacional. Si hay dos Españas, como dicen, yo no quiero estar con alguna de las dos, si son iguales en los excesos y en la inquebrantable perseverante discordia, que socava, divide y encona. ¿Qué hay de aprovechable en los disentimientos eternos, en los rencores consolidados, en la ira que destruye, en los odios recíprocos, en la violencia verbal? Yo no soy de ellos ni de ellos. Estoy próximo a los juntadores, a los integradores, no a los que desunen y polarizan, que me llenan de consternación. No me van las ataduras dogmáticas, el sectarismo político, las insensatas banderías, las consignas beligerantes, la implacable vieja política, que ve al adversario como enemigo, sino la serena pluralidad de gestos, voces y discursos templados y sanos para la vida en común.

En mi vida y pensamiento no me guío por planteamientos dogmáticos, sino por los principios y valores que me parecen más adecuados y que mi razón y entendimiento me recomiendan y, pienso, que la política debe estar basada en el compromiso y en la reconciliación, no en levantar muros y, con funesto desdén, dar la espalda al otro. Esto aboca a la colisión. Reclamo que, la voluntad de acuerdo, el consenso y la lealtad constitucional sean permanentes bienes democráticos y, por tanto, factores de normalidad institucional, de estabilidad y progreso. Yo quiero una España abierta, vividera, constructiva y cordial de los unos para con los otros. En esta idea de concordia, no me dejo confundir y me mantengo firme. ¿No es posible el esfuerzo aunado, hombro con hombro, o hemos de seguir en la putrefacción de la política, de espalda contra espalda? ¿Se puede llegar a un mayor grado de insensatez? Aquí dejo mi protesta.

El interés colectivo es nuestro propio interés de ciudadanos. Hoy oigo las mismas diatribas de ayer, de anteayer y de siempre, en las relaciones entre los partidos, con alguna salvedad; sin embargo, hay tareas nacionales, quehaceres, que son impostergables, nuevos deberes, que no son política de menudencias y que, por sus dificultades, exigen integración de fuerzas y obra de armonía, sin inflación de estridencias. La situación de España exhorta al compromiso. Necesitamos líderes que aglutinen, que no sean altaneros, ni arrogantes, ni retadores, que no usen frases vejatorias y desmerecedoras de la reputación ajena, que no se sientan incompatibles, y que reconozcan el yerro propio. Debe haber menos escaramuzas oratorias, menos tumulto de partidos, y más dialogo de país; transigir y dialogar inteligentemente. Me irrita profundamente esa oposición absoluta e irreconciliable, en casi todo, entre los partidos nacionales, de repulsa neta e instintiva, sin conciliación posible, sin buscar terrenos y ambientes de unión y colaboración en pro de España y del conjunto de los españoles.

Es triste y depresivo ver que los dos partidos nacionales mayoritarios no hacen otra cosa que despreciarse, en actitud deplorable, en vez de buscar consensos y gestos de entendimiento al servicio de la perfección de la vida nacional, al servicio de una nación vigorosa, saludable, vital y dinámica; sin embargo, su disposición es precisamente inversa y, se vislumbra una continuidad desalentadora. No hay debates serenos de ideas y programas sino ataques sin piedad entre contrincantes, y rencor brutal de ideologías enfrentadas, que hacen que no sean posibles vasos comunicantes. ¿Qué hacemos con estas gentes de hosca gritería? La democracia, por lo visto, también es esto. Yo no voy, como es natural, a solucionar estos desencuentros.

Esta es mi opinión. Habrá quien diga…, pero rehúyo discutir.

Villarín

Yosco · Publicado: Jue Nov 14, 2024 1:27 pm **T�tulo del mensaje**:

Te leo, comprendo y comparto, amigo Villarín. Y no puedo dejar de ser pesimista, tanto en el caso de nuestra casa común, España, como en el de nuestra casa compartida del mundo. El trasiego de noticias falsas, los intereses espurios de la política, la necedad de los negacionismos o la impunidad criminal de los poderosos en las guerras y los genocididos, me hacen flaquear y sentir que la especie humana es -con todos sus recursos y avances- ignorante en lo colectivo, egoísta en lo particular, ciega ante los acontecimientos y contumaz en los errores. Contemplar cómo un pueblo americano elige a un multimillonario golpista y reo de un montón de delitos monetarios y de todo tipo, mentiroso en todo y todas las ocasiones de la manera más cínica imaginable, como presidente, diciendo lo que dice y hace, es como para pensárselo dos veces. Hitler también mintió, difundió bulos, alentó a las masas para derribar el poder y orden democrático, compartió cárcel, cometió delitos y graves crímenes contra la humanidad antes y después de ser elegido por un pueblo alemán entusiasta, para acabar con el régimen democrático con un golpe de estado. Ahora, disfrazado de Trump, asalta la Casa Blanca y asalta el orden mundial, pues está al frente de la mayor superpotencia de los tiempos actuales.

En fin, pensarás que éstas son otras historias ajenas a las tristes historias de España. Creo, sin embargo, que apenas podemos dejar de ser un reflejo de nuestro entorno europeo y ser ajenos a las exigencias de los americanos. Por eso, tristemente, Trump recibe la alegría y abrazo entusiasta de los españoles que votan a Vox, los italianos de Meloni, los húngaros o los polacos. Y los palestinos desaparecerán del mapa y la historia a manos de los israelitas. ¿Podemos escapar a todo esto? Me gustaría saber cómo.
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Bitácora LUCERNARIOS:
Acerca de la luz por la poesía.
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Bitácora ÍnsuLa CerBantaria

Villarín · Registrado: 13 Abr 2007 Mensajes: 512

De la mala política (II)

En España los diputados son obedientes, de obtusa obediencia, a lo que diga la cayada del pastor mayor de su partido, al que le deben los escaños y, por tanto, en las votaciones parlamentarias, una y otra vez, en la realidad de los hechos y circunstancias, las voluntades de los diputados resultan subordinadas y homogéneas, pasivas e incondicionales, y ello, porque su acta dependió de la voluntad del timonel que gobierna el partido, sea el que fuere en cada momento, que los ha metido en las listas electorales, y por obra y gracia del cual recibieron la gratuita investidura parlamentaria. Dicho de otra manera, son diputados de puro servilismo, de participación subalterna, que tragan consigna y son dóciles a la obediencia al jefe, pues dependen de su favor. ¿Qué democracia es esa, donde los diputados, en todo caso, se dejan llevar completa e incondicionalmente por directrices de partido o del ejecutivo de turno, y nunca tienen voz propia, criterio independiente ni, por supuesto, necesidad de rendir cuentas a los electores de su circunscripción electoral? En la praxis, más bien parecen electos sujetos a mandato vinculado a los partidos, a modo de mandato imperativo, como en el Antiguo Régimen (entre los siglos XVI y XVIII).

Enajenamos nuestros derechos de voto en favor de unos diputados desconocidos, de los que apenas sabemos nada, muchas veces de escaso valor, poco aptos, o por falta de talento, o por otras circunstancias. En la actualidad, en verdad, no parece que políticamente haya algún diputado de valor excepcional, de prestigio e influencia dominante. Los políticos incorporados a listas electorales cerradas, frecuentemente son los reclutados entre los más dispuestos de los partidos, pero no los más preparados y, al cabo, se convierten en disciplinados profesionales de la política, sin sustantividad propia. Diputados que salen elegidos en listas cerradas y que no son sometidos a control por los electores.

La libertad del diputado, salido de listas cerradas, es una engañosa apariencia. La envoltura de listas bloqueadas hace a los diputados dependientes y precarios. Por eso me permito disentir un poco de ese acatamiento arrebujado en el escaño, que no es accidental, sino vinculación casi indisoluble con el voto tajantemente sugerido. Rara vez hay forma de expresión autónoma de un diputado, expresión de sí mismo, con tonalidad propia, acerca de ciertos muy debatidos problemas. Y así ocurre, en efecto, en gran parte, por el origen de sus designaciones, que llevan inmanente la mochila con las instrucciones de saber a qué y a quién atenerse. Yo no tengo interés en que se conserve la grisura de listas cerradas bloqueadas, con sus lazos de sumisión política. Habría que poner a esto conveniente remedio; no sé si con voto de lista abierta, o voto de preferencia, para que el votante pueda tener en cuenta más las características personales de cada candidato, a la hora de la elección, lo que, de paso, quizá conllevaría que los candidatos y/o electos trabajarán la demarcación territorial correspondiente, dando la cara y respondiendo directamente ante los electores. En voto de lista cerrada y bloqueada, en elecciones al Congreso, los electores no tenemos ninguna influencia en la elección de candidatos concretos, al cabo, en la designación del Congreso, pues nos imponen el voto de aceptación, sin otra opción.

Esta crítica, ante lo que veo, no puede ir entreverada de alabanzas. ¿En el Congreso de los diputados hay democracia interna? ¿La disciplina de voto es una praxis democrática? ¿Dónde queda el derecho propio y originario del diputado? ¿Puede representar adecuadamente al pueblo español un diputado que tiene condicionada su libertad de decisión? ¿Por qué los diputados dejan abandonada su propia independencia ante bastardos intereses oportunistas? ¿Acaso porque el autoengaño impone sus reglas y las mentiras? Yo creo que es, porque en eso que llaman el templo de la democracia, no se conoce bien la virtud de la honestidad política. Los sumisos legisladores aceptan sin rechistar manejos y engaños, en cosas axiales, en temas mayores. ¿Por qué esa obediencia ciega, que no es obligatoria, con el estatuto del diputado en la mano? ¿Cómo se explica esto? Pues porque el partido y/o el líder propone cargos y regula encomiendas, y hay miedo a perder la pingüe sinecura y, por tanto, no es extraño que así ocurra. Bien es verdad que, excepcionalmente, en el tiempo, ha habido diputados de valor libre, muy pocos, que, aparte su acierto o su error, no doblegaron su conciencia o criterio personal a las cambiantes exigencias de confianza de los partidos, pero la norma general es la enunciada, menester es reconocerlo: doblegarse y, si hace falta, con convicción y énfasis, con pompa verbal, mentir. ¿Por qué no decirlo?

Nótese bien una cosa: no defiendo que sin más ni más, la salvedad sea la regla, sino, me contraría, que la unidad de voto (que será lo normal por afinidad ideológica y relaciones y cohesiones internas de los partidos y grupos parlamentarios; a aspiraciones idénticas, deseos iguales), ni siquiera ceda, cuando en sede de la cámara se presentan actos legislativos relevantes en contradicción flagrante con lo previa y solemnemente ofertado al electorado, el cual, con ocasión de elecciones generales, votó confiado en la certeza de los programas de los partidos políticos y en la lealtad de sus representantes electos. Ausencia de coherencia entre programa electoral y decisión política, y subsiguiente obra legislativa, ninguneando el valor del voto confiado. Este segundo paso, de disidencia vivificadora, que, en supuestos tales, debería ser completamente natural y consecuente en los representantes elegidos del pueblo, sin embargo, raramente se da, pese a ser titulares del escaño, por derecho propio. Así de inauténtica es nuestra democracia parlamentaria y ello, sin distinguir entre filiaciones políticas.

Aunque ya voy largo de extensión, diré una última cosa, insistiendo: hay que mejorar la calidad de representación. Me basta alegar a este fin lo que sigue, a saber: algunos diputados –no los más instruidos y capaces– confunden el Congreso de los Diputados con la soberanía nacional, desconociendo que en el Estado constitucional ningún poder público es soberano, pues la soberanía pertenece al pueblo y, por tanto, nadie, ni siquiera sus representantes, pueden legítimamente apropiarse de ella; otros creen que una ley ordinaria es omnipotente, desconociendo que la actividad legislativa (inclusive su procedimiento de creación de las normas legislativas), no está exenta del control constitucional de su contenido; sorprende también, escucharlos, tener una ley por ilegal, no sabiendo que las leyes pueden ser inválidas por ser inconstitucionales, no, claro está, por ser ilegales; no pocos consideran que el carácter político de un acto, excluye un conocimiento jurídico del mismo; incluso, se ven mayorías parlamentarias, incongruentes con su función, que votan cuestiones cuya solución está predeterminada fuera de la Cámara, con enervación de las funciones del parlamento, que queda así sin ningún peso en los debates génesis de la ley, ni en la configuración normativa de su propia significación; asimismo, a menudo, puede oírse a diputados, jurídicamente poco refinados, relativizar a lo grande el principio de la separación de poderes, vituperando de manera generalizada a los jueces, es decir, al poder judicial, queriendo acabar con los equilibrios de poderes; y, en fin, un día sí y otro también, antes y ahora, con notable abuso y perversión del significado constitucional del decreto-ley y, por ello, con evidente degradación de la potestad legislativa parlamentaria validan legislativamente todo lo que el poder ejecutivo quiere, a complacencia (sobre todo, cuando ha habido mayorías absolutas homogéneas o puras), sin verdadero debate y deliberación del Congreso de los Diputados, cumpliéndose, de ese modo, sin contradicción la voluntad del Gobierno, el que fuere. No importa que no concurran en ellos, en esas normas, el presupuesto de hecho habilitante, a saber, la “extraordinaria y urgente necesidad”, que exige el artículo 86.1 CE; etc.

En sede parlamentaria todo es manifiestamente mejorable; ni siquiera hay culto a la buena educación, todos hablan con expresión nerviosa y a grito pelado. Y paro de contar.

Villarín

Villarín · Registrado: 13 Abr 2007 Mensajes: 512

Apunte en defensa de la acción popular, que expresa mi parecer

¿Desconfianza frente al Ministerio Fiscal? No es bueno que exista desconfianza sobre la autonomía funcional del Ministerio Fiscal, que, mayormente, se genera porque en España el fiscal general del Estado (FGE) no es elegido por el pueblo (por mediación del parlamento), sino nombrado (por el Rey), a propuesta del Gobierno, según dispone el artículo 124.4 CE y 29 del Estatuto del Ministerio Fiscal, así como la posibilidad de su cese por causa apreciada del Consejo de Ministros (art. 31 EMF), lo que conlleva dependencia, con lo que, a parte de los ciudadanos, de hecho, les parece innegable la subordinación del MF (la Fiscalía tiene una ordenación jerarquizada y sus miembros están sometidos en el desempeño de sus funciones a su superior, el FGE) al Ejecutivo de turno (¿“De quién depende la fiscalía? Pues eso…”.), de ahí el escepticismo en la imparcialidad del MF, que lo ven como organismo altamente politizado, pese a los principios de legalidad e imparcialidad que deben presidir su acción (art. 2 EMF).

Un dechado, entre más, que coadyuva a la falta plena de confianza, está en la evidencia del nombramiento de personas del partido del Gobierno, o cercanos (personas de confianza), con el cargo de fiscal general del Estado, así, en su día, Sres. Moscoso del Prado, Torres Boursault, Hernández Gutiérrez, Conde-Pumpido, Dolores Delgado; ahora, García Ortíz… Está visto, piensan algunos ciudadanos, que no todo puede dejarse solo en manos de la Fiscalía y, en este entendimiento, la acción popular es un contrapeso externo al poder del Ministerio Fiscal, también una perspectiva o visión alternativa acusatoria a la del fiscal, siempre en los casos, es decir, en concreto y en acto. Lo mismo puedo decir de las personas afines, propuestas para dicho cargo, realizadas por el partido mayoritario de la oposición, también, con el claro deseo de ganar control sobre el sistema de justicia.

A mi ver, no todo debe dejarse en manos del fiscal. Reconozco que la fiscalía es jurídicamente solvente y mucho hace, pero no siempre precisamente lo que hay que hacer. Si se dejara en todo caso al Ministerio Fiscal acaparar la acción penal pública, aunque normalmente la ejercitará con indudable honestidad jurídica, con trabajo honrado y perseverante hasta el fin del proceso, cabe también pensar en actuaciones desafortunadas y cuestionables; en inacciones acusatorias o de sostén de la acción penal en la persecución de algún delito (extraños cambios de actitud con ocasión de algunos relevantes casos), o posturas que se presentan con razones de apreciación técnica (fiscales convertidos en oficiosos coadyuvantes de las defensas), casos en los que no se puede reprimir la sospecha de que pareciera haber acepción de personas.

Sea como fuere, cabría decir que, pese a la deseable confianza en la Fiscalía –creer en lo deseable–, existe una desconfianza de la ciudadanía avisada frente a la institución del Ministerio Fiscal, que a veces la encuentra permeable –en perjuicio de la legalidad– a las sugestiones y conveniencias del Poder público, de la clase que gobierna (en cada momento), y de otros poderosos sujetos. Dicho de otro modo, cuando con razonable suspicacia, la ciudadanía vislumbra que la pasividad o la solicitud de sobreseimiento de la causa por el MF es debida más que a criterios profesionales, a sugestiones políticas, o de autodefensa de los Gobiernos, o de ilustres gentes con influencia política y económica y de otra índole (como intereses particulares de levantada alcurnia o de determinados grupos de presión), esto es, a manipulación, en cuyos casos, de no existir la acción popular acusadora con plena vida procesal, sin quiebra del derecho de igualdad respecto de otras acusaciones concurrentes, el delito no podría ser perseguido y castigado el delincuente, con daño irremediable para la justicia y los intereses sociales colectivos.

He aquí, pues, ante tales imperfecciones del sistema y vacíos procesales dejados por la acusación fiscal, una parte del interés práctico de la valiosa acción popular, de su razón de ser y conveniencia –que justifica su papel acusatorio–, de su indocilidad –no necesita para acusar el beneplácito del Gobierno– y, en fin, freno eficaz a los indeseables excesos y abusos de los poderes institucionales. Estos supuestos aludidos, en sí, justifican la presencia de la acusación popular en el proceso penal, con igualdad de armas y garantías procesales y con autonomía respecto de otras acusaciones, ya el fiscal, ya las acusaciones particulares.

En el sistema español, el Ministerio Fiscal no ostenta el monopolio de la acción penal pública. La acción popular, singularidad española de largo abolengo histórico, es aquella cuyo ejercicio judicial –con autonomía respecto de otras partes acusadoras– posibilita a la persona –física o jurídica privada– que no ha resultado ofendida ni perjudicada por el delito, acusar al delincuente –acusar es el acto procesal esencial del ejercicio de la acción popular–, con la finalidad de defender la legalidad a la vez que intereses públicos y generales de la sociedad en su conjunto, afectados por el ilícito delictual.

La acción penal popular, me temo, molesta a los Gobiernos y a sus vigorosos amigos políticos y económicos, activamente influyentes y, en general, a la clase política corrupta. En pocas palabras, pero del modo más claro posible: estas élites, para su mejor protección, querrían un Ministerio Fiscal a la carta, que monopolizara la acusación en el proceso penal (y, también la iniciativa y dirección de la fase investigadora, como se producirá en la nueva reforma de la LECrim.). Una Fiscalía controlada institucional y procesalmente, como un instrumento partidista más de los gobiernos intervencionistas, sin importarles la legalidad, imparcialidad, dignidad y credibilidad de esta imprescindible institución en un Estado de derecho.

Las clases dirigentes, con independencia de su color político, quieren ganar control sobre el sistema de justicia, ya lo señalé; desean andar sueltos y a su antojo, sin frenos ni contrapesos; sin la angustia de descubrimiento y de desvelación que suelen conseguir las acusaciones populares, quitándole el velo a las andanzas con el que los políticos (y otras poderosas personas) pretenden tapar algunas de sus desorientadas cosas. La solución a estas acechanzas, a mi parecer, es una acción popular sin cortapisas, con autonomía e igualdad de armas procesales con el Ministerio Fiscal. Una acusación popular no subordinada, no adhesiva, no subsidiaria, y no sujeta a desproporcionadas fianzas disuasorias para admitir la personación como parte, que, a veces, en la práctica dificultan la efectividad de su ejercicio o lo destruyen, abocando a desistir de emprender la acción popular.

Preciso es advertir, sin embargo, que, la acción popular, con legitimidad suya y distinta de las demás, debe usarse con transparencia, prudencia, sin prejuicios ideológicos, sin ánimo de dañar, y sin más ambición que la justicia, de manera que, si no se ve acusación, no debe intentarse. Su ejercicio no debe impedirse o restringirse por el solo riesgo de una eventual utilización abusiva, o contraria a los buenos usos procesales, pues, en esos casos de actuación bastarda o espuria, de acuerdo con la concepción social del derecho y el principio mismo de la responsabilidad civil, más el debido control judicial, quien haya utilizado el derecho indebidamente o de mala fe, suscitando temerarias pretensiones o dolosas, originando un daño o perjuicio, deberá indemnizarlo; y ello aparte de las sanciones pecuniarias que procedan, o de las sanciones penales si se ha acusado falazmente, con falsas imputaciones, de manera consciente y deliberada. A más, está la fianza, como garantía de las resultas del juicio, en la parte que alcance. Por último, las costas, si bien, se desenvuelven jurídicamente en un terreno conceptual diverso.

Una acción popular, pues, sin restricción subjetiva y objetiva (ya las ha habido, en procedimiento abreviado, con encausados poderosos), debiendo estar abierta a todas las personas, físicas y jurídicas privadas, que tengan adecuada capacidad procesal, y aporten la notitia criminis. No se debería apartar del ejercicio de la acción popular a los partidos políticos, a los sindicatos y a las personas jurídicas privadas, sobre todo, cuando, precisamente, las acusaciones populares mayormente son sostenidas por personas jurídicas o asociaciones, que son las que mejor pueden costear los gastos procesales. La acción popular ejercida por entidades privadas, en defensa de la legalidad, ha permitido esclarecer hechos y autores, que si no hubieran quedado sin castigo.

La reforma pretendida debe estar al servicio del mejoramiento del ejercicio de la acción popular y no para cercenarla. Los actores que se pretende excluir del ejercicio de la acción popular, hasta ahora, cuando vienen acusando por ilícitos penales, persiguen intereses y fines lícitos, y soportan los gastos procesales derivados del ejercicio de la acción, a cuya optimización dedican tiempo y esfuerzo; los ocasionales abusos, que se pudieran dar, no justifican la exclusión que se quiere en el ejercicio de la acción popular, porque está demostrado que, en general, la actividad procesal de las personas jurídicas privadas y asociaciones dotadas de personalidad, suele ser prudente y eficaz en el enjuiciamiento y condena de hechos graves, por lo que no se les debe impedir comparecer como parte acusadora en un proceso penal, asumiendo un papel importante, a veces decisivo en la persecución del delito y el castigo de los delincuentes.

El derecho penal tiene que pasar por el derecho procesal, y el nivel de garantía institucional del proceso y de objetividad de los jueces experimentados, en general, es elevado, por tanto, en el proceso, habrá un control jurisdiccional del ejercicio responsable de la acción popular, y, sin duda, no se permitirá que en la actividad procesal se formulen peticiones infundadas, dolosas, temerarias o espurias, y que se actúe con manifiesto abuso de derecho, en fraude de ley o vulnerando reglas de la buena fe procesal; y, desde luego, los jueces no consentirán que los partidos políticos trasladen sus empecinadas luchas políticas a los juzgados y tribunales de justicia, instrumentalizando el proceso penal en consecución de réditos mediáticos. Y si se dieren conductas anómalas o irregulares desviaciones de la lealtad procesal y buena fe objetiva, estos comportamientos tienen elementos correctores y tratamiento jurídico en el proceso y, además, nada obsta a que se exija por los sujetos ofendidos o perjudicados la responsabilidad civil y penal en que pudiera incurrir el que ejercite la acción popular indebidamente.

En resolución, dado que la “justicia emana del pueblo”, así lo indica el artículo 117.1 de la CE, el pueblo como fuente de la justicia, nada más adecuado, justificado y coherente con el interés social que predomina en el proceso penal, que permitir que los ciudadanos –en sentido lato, esto es, comprendiendo tanto a personas físicas o naturales, como a las jurídicas o colectivas– puedan ejercitar la acción popular en provecho de la comunidad ofendida, y, especialmente, será provechosa, en los casos en los que el fiscal no sostiene la acusación o se retira de ella sin esperar al final del proceso o cuando no existe personada acusación particular. Por eso, si el deseo de suprimir la acción popular no sería conforme con la Constitución de 1978, que la reconoce en su artículo 125, su limitación subjetiva y objetiva o de mutilación de facultades, como se pretende, tampoco es de recibo, pues es debilitar la participación ciudadana en el proceso penal y demeritar el Estado social y democrático de Derecho.

Villarín

Villarín · Registrado: 13 Abr 2007 Mensajes: 512

De la mala política (III)

Nunca se ha abusado más que ahora de las palabras para ocultar la verdad. Si no recuerdo mal, fue el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, quien, en una ocasión, con engreimiento, dijo: “España se merece un Gobierno que no le mienta”. Esta frase merecería un detallado análisis, que no deseo emprender aquí, si bien, en este momento, es especialmente significativa. La mentira es un rasgo antidemocrático. ¿No es un hecho antidemocrático vaciar –en parte sustantiva– el voto ciudadano de contenido, mediando engaño? ¿Es democrático transformar un voto en favor de lo que el elector ha repudiado? ¿Acaso no es eso burlarse del ciudadano a sabiendas de que, durante cuatro años, desapoderado el elector de su facultad de elección, no tiene poder revocatorio? Está visto que los electores no somos dueños del valor de nuestro voto. ¿Qué hacer ante tal regresión democrática? ¿Acogernos a la triste conformidad de la impotencia?

Con indignado respeto, digo: ¿A qué llamamos democracia? ¿A mentir y encima procurar de uno la aquiescencia más completa? ¿Es suficiente y razón válida justificarse con arrogantes alusiones a los adversarios? En términos de representación, las élites políticas de tira y afloja, cuando llegan al poder se desenganchan –por sus particulares intereses– de lo que propusieron o prometieron a la ciudadanía, y pasan a defender su poder y privilegios a nuestra costa. Ya sé que es mal general de todos los tiempos y lugares, y pueden citarse ejemplos a puñados, en casos concretos y determinados. No quiero llevar lo que digo a los casos particulares, a ejemplos manifiestos, pues excede de mi pretensión, siendo, además, que no quiero equivocarme al señalar a alguien, ya que hay políticos, que cuando mienten, en rigor no mienten, cambian de opinión. El secreto de la mentira es, pues, un secreto a voces. Creemos que debe afirmarse lo siguiente: la mentira no puede ser un ideal progresista, aunque la prediquen con desparpajo quienes se autocalifican de progres y reformistas, sino una perversión reaccionaria, que desplaza del escenario político el lugar central que le corresponde a la ciudadanía. Hay que restituir a la política el valor de la verdad y la utilidad del voto democrático, a la vez que reemplazar la impudicia por la honestidad.

Participar en la cosa pública es tomar parte en las decisiones democráticas y, en elecciones generales, eso se hace a través del voto del ciudadano, que implica respeto al mismo por los representantes y gobernantes; no es dable aceptar súbitos inesperados cambios políticos que, con ardides infestos de engaños, modifiquen sustancialmente lo votado y releguen a los ciudadanos al más bajo lugar en los asuntos públicos que les afectan. Si la participación se reduce al acto formal de votar y el voto no es más que una cáscara vacía: ¿Qué democracia es esa, si no un mero vocablo engañoso? ¿Así es la manera de gobernar una sociedad? ¿Pretendiendo nuestra callada resignación humilde? ¿Cómo evitar que estos comportamientos ceñidos a contumaz falsedad, se expandan o se agraven?

¿No deberíamos aspirar a algo cualitativamente superior? ¿Se logrará este deseo alguna vez? No me hago ilusiones; no confío en los electores que, ante las reiteradas mendacidades, sin reproche se mantienen pasivos y aclaman y aplauden, como si no fueran afectados por ellas. ¿Más vale quedarse callado? ¿Les es igual lo blanco que lo negro? ¿Y la racionalidad? ¿Cómo se puede seguir a los partidos y líderes que con descaro nos engañan? Ya sé que en esto la lógica está destinada al fracaso; quizá sea, porque si no, nos quedaríamos sin partidos, dada la personalidad falsaria y contradictoria que los suele caracterizar. ¿Dónde quedan los poderes democráticos del ciudadano, si su posición de fondo arteramente se frustra, dejando el voto (basado en la soberanía del pueblo) vaciado de contenido en cuestiones fundamentales? En clave ético-política la mentira recurrente no tiene un pase democrático.

Los políticos mendaces deben pensar, y quizá no están en lo incierto, que el paso del tiempo, la desmemoria colectiva y la conformidad de gran parte del electorado, harán que se olviden los embustes y, en próximas elecciones, con renovada simulación podrán seguir actuando de igual manera. Una conducta política sin pretensión de verdad, con interesada presentación de los hechos, con empleo de argumentos falsos, abusando de argucias, tomándonos por sandios, ni me seduce ni me persuade ni me convence ni la voto. Y la rechazo, con instintiva repugnancia. No debemos hacer concesiones a la falsedad; no debe prevalecer la mentira sobre la verdad, porque no es igual lo verdadero que lo falso. Triste huella, dejará detrás de sí, la mentira.

Villarín